LAS INOCENTES VÍCTIMAS Y LA LISTA DEL HORROR

En la mañana de hoy, fue encontrado en un descampado de la localidad bonaerense de Rafael Castillo, el cuerpo sin vida del niño de un año y seis meses que había sido secuestrado junto a su madre días atrás en el barrio porteño de Liniers. Según las informaciones periodísticas, se está trabajando en las hipótesis de un posible “ajuste de cuentas” de la comunidad china, ya que la madre del menor es de esa nacionalidad, o bien en "una venganza personal" del ex marido de la mujer, un comerciante con el que la misma tendría una relación sumamente conflictiva.

Ayer se confirmó también, que el cuerpo encontrado en una bolsa en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, fue identificado como correspondiente al niño de seis años Marcos De Palma, hijo del empresario Domingo De Palma, secuestrado y asesinado días atrás. El cadáver del niño estaba calcinado, decapitado y con las manos cortadas, y según los primeros informes criminalísticos habría sido asesinado a golpes hace aproximadamente tres días, por lo que se estableció como causa de la muerte una “pérdida brusca de sangre”.

Seguramente podríamos seguir con esta lista macabra de hechos criminales donde resultan víctimas niños y adolescentes en nuestro país, pero lo verdaderamente importante es preguntarnos qué nos está pasando como sociedad para que se repitan uno a uno esta clase de crímenes en perjuicio de las víctimas más vulnerables de nuestra composición social.

Los medios periodísticos reflejan estos aberrantes hechos casi con la naturalidad cotidiana con que informan el clima, sin ahondar en las verdaderas razones que están motivando este despliegue de absoluta violencia en perjuicio de los más débiles, como son los niños y niñas de toda sociedad. Se informa que “se trataría de un ajuste de cuentas”, del accionar de “mafias” de tal o cual comunidad, o una “venganza del ex marido o pareja”, como si la aceptación de dichos supuestos implicasen de alguna manera la justificación del horror.

Peor es aún, la posición de quienes son receptores de dichas informaciones, porque tampoco manifiestan en la mayoría de los casos, una reacción social acorde al espanto que se le está informando. Hay una actitud de desinterés y pasividad que no se condice con la preocupación que deberíamos mantener como sociedad organizada frente a hechos y asesinatos tan aberrantes como los que están sucediendo.

Y como lo he expresado ya en reiteradas oportunidades, mientras la justicia y su estructura siguen patinando en el campo de la ineficiencia, y los políticos jugando con los naipes del poder y sus ambiciones personales, la sociedad argentina sigue como impávida sumando inocentes víctimas a una lista de dolor y horror.-


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ABORTO Y VIOLACIÓN, EL DEBATE ETERNO

La reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la posibilidad de que la mujer violada pueda abortar legalmente, ha despertado una vez más el debate nacional sobre un tema que es polémico y conflictivo por donde lo analicemos.

Como decíamos en nuestro artículo “El aborto: La muerte en bolsa”, es indispensable que los argentinos, especialmente los legisladores y juristas, definamos de una vez por todas y en el ámbito que corresponde que es el Congreso de la Nación, el marco jurídico que encuadre verdaderamente las situaciones que se presentan en la actualidad sobre “el aborto, las clínicas o lugares clandestinos donde se lo practica, los embarazos no deseados y la educación sexual".

El polémico artículo 86 del Código Penal, que establece que no es punible el aborto si el embarazo “proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente“, forma parte del texto originario de nuestro ordenamiento de 1921, y si bien fue reformado y reincorporado en 1984, tiene más de 90 años de legislado y seguramente requiere una revisión y adaptación a los tiempos que corren, ya que persisten las confusiones e interpretaciones diversas sobre algo tan importante como el derecho a la vida.

Es por eso que más allá de las posiciones de cada uno, sean de los que defienden el derecho a abortar en casos de violaciones o de quienes entienden lo contrario, se debe legislar como corresponde a una problemática de esta gravedad, para que definitivamente las disposiciones legales superen las dificultades de interpretación que han provocado siempre las normativas confusas de nuestra ley argentina.

Lo sucedido hace unos días en la ciudad de Córdoba, donde una chica de 14 años presuntamente violada apuñaló con un cuchillo a su hija minutos después de nacer, y otros tantos casos similares que se han presentado en el país, exigen una pronta definición legal, mucho más allá de lo resuelto por la Corte Suprema. Todos tenemos derecho a opinar e inclinarnos por una u otra posición, pero al menos hasta ahora, la discusión, elaboración y sanción de las leyes corresponde al legislativo, a veces más preocupado por las estupideces y egoísmos propios del poder que por las necesidades reales de su función constitucional.

Hace ya varios años, en una conferencia brindada por una legisladora nacional que se asumía como defensora absoluta del derecho a abortar de la mujer violada, la misma afirmaba que “ninguna mujer puede ser obligada a tener y criar al hijo de quien la sometió y violó”, por lo que sostenía contundentemente que le correspondía “un derecho lógico” de abortar al "hijo del violador".

Lo que esta señora no comprendió jamás, o al menos evitaba expresarlo, es que ese “hijo del violador” también es hijo de la mujer, verdad irrefutable e indiscutible, tan consistente como que se trata de una vida, la vida de un ser humano que independientemente de todo argumento, alguien decide interrumpir.-


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LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA SIESTA DEL SISTEMA

En la ciudad de Alta Gracia, un hombre que había sido condenado a dos años de prisión en suspenso por reiterados ataques violentos contra su pareja, recuperó la libertad y casi inmediatamente regresó al domicilio de la mujer para golpearla y amenazarla de muerte.

El fiscal de instrucción Emilio Drazile informó a los medios de prensa que el sujeto “fue detenido nuevamente, y en caso de que se compruebe esta nueva intimidación, la pena será efectiva y no en suspenso, por lo que tendrá que quedar en prisión”.

El caso ha despertado la atención periodística no sólo por la inmediatez entre recuperar la libertad y reincidir en la conducta violenta, sino también porque según la víctima “hubo desprotección por parte de la Justicia, dado que a ella no le informaron nada”.

Hace unos días se conoció la noticia del ataque del titular del INADI en La Rioja, Marcelo Lucero, a su esposa embarazada. El funcionario la habría rociado con combustible para prenderle fuego, provocándole quemaduras importantes en distintas partes de su cuerpo como el tórax, abdomen y los miembros inferiores.

En marzo del año pasado, en la localidad Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén, Héctor Antonio Cortez, de 29 años asesinó “a mazazos” a su pareja Micaela Recchini, de 24. La Cámara Penal N° 1 de la ciudad de Neuquén condenó hoy a Cortez a 23 años de prisión por el homicidio simple de su pareja, ya que al no estar casados legalmente no pudo aplicarle el agravante por el vínculo, pese a los 9 años de relación, 6 de convivencia y 2 hijos en común.

Y podríamos seguir con la lista de casos, porque lamentablemente se repiten minuto a minuto los hechos de violencia familiar, como también se repiten las torpezas e ineficiencias de todo un sistema que hace muy poco por evitarlos.

Las víctimas son abandonadas y desprotegidas, no se receptan las denuncias, no se procede a investigar ni controlar las órdenes de restricción, no se realizan tratamientos penitenciarios efectivos ni seguimiento alguno de los condenados por estos delitos, y hasta en muchas ocasiones, como sería el caso de Alta Gracia, no se notifica a la víctima de la puesta en libertad de su agresor.

Pese a los seis proyectos presentados en el Senado y las tres iniciativas similares en Diputados, no se ha modificado aún el inciso 1 del artículo 80 del Código Penal que califica como homicidio agravado al cometido por el “cónyuge”. Con la reforma, podría aplicarse la prisión o reclusión perpetua a los crímenes cometidos por hombres o mujeres que hayan convivido en concubinato durante al menos cinco años.

Mientras inventamos distintas denominaciones, perdemos el tiempo en debates teóricos o estériles y el sistema parece dormir una siesta eterna, los casos de violencia de género y sus víctimas vulnerables siguen creciendo y son cada vez más.-


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CANDELA, LA VÍCTIMA QUE QUEDÓ EN EL MEDIO

La desaparición y posterior asesinato de Candela Rodríguez en la localidad bonaerense de Hurlingham, ha generado nuevamente una profunda reacción de temor y preocupación social por la comisión de este tipo de hechos delictivos, donde son víctimas de secuestros, abusos sexuales y homicidios, niños y niñas a lo largo de todo el territorio nacional.

Si bien entre las primeras versiones e hipótesis que manejaron los investigadores policiales, no se descartaba la posibilidad de que se tratara de un caso de “trata de blancas” o “trata de personas”, donde los secuestros de mujeres y jovencitas persiguen la perversa finalidad de obligarlas en cautiverio a ejercer la prostitución, las últimas informaciones parecen indicar que serían otros los móviles del horrendo hecho.

La situación penitenciaria del padre de la niña, sus antecedentes judiciales en relación con el delito de “piratería del asfalto” y una posible suma de dinero adeudada a un presunto cómplice del mismo en algún hecho cometido tiempo atrás, le aportan ribetes particulares a este caso que ha despertado desde su inicio la atención de toda la sociedad.

Las declaraciones efectuadas por el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, sobre el posible ocultamiento de información de los familiares de Candela, en vinculación con el llamado telefónico donde le reclamaban “el dinero” al padre, y los primeros resultados de la autopsia que revelan que la niña no fue abusada sexualmente, confirmarían que se trata de un “crimen mafioso” o “ajuste de cuentas”, como se lo llama usualmente en el mundo del hampa.

Según informó el fiscal, “se buscaron antecedentes y se comenzó a analizar el entorno de un grupo que también se dedicaba a piratería del asfalto con el que podría haber estado vinculado el padre y otro grupo que podría haber tenido que ver con secuestradores que estaría relacionado con otros parientes de la familia", por lo que la hipótesis de una venganza entre delincuentes ha tomado más fuerza recientemente.

Además, si se confirman los datos hasta ahora entregados por los médicos forenses, en el sentido de que Candela habría sido ejecutada entre 36 y 48 horas antes del hallazgo de su cuerpo, es decir varios días después de su secuestro, no parece descabellado pensar que “esperaban un cambio de actitud del padre o familiares” sobre la entrega del dinero que le reclamaban, y por el cual, Candela resultó, desgraciadamente, la víctima inocente que quedó en el medio.

Y aunque todavía la causa está en plena investigación policial y judicial, faltando seguramente conocer muchos aspectos de cómo ha sido realmente este caso, la sociedad debe elevar su reclamo ferviente para que Candela y tantas otras víctimas, no queden olvidadas en el manto putrefacto de la impunidad.-


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